En los últimos años, la mediación y el arbitraje se han consolidado como vías eficaces para resolver conflictos sin necesidad de recurrir a largos y costosos procesos judiciales. En estos procedimientos, la valoración profesional de los bienes en disputa desempeña un papel esencial, ya que aporta un punto de partida objetivo sobre el cual las partes pueden alcanzar un acuerdo justo y equilibrado. Contar con una tasación elaborada por una sociedad homologada no solo facilita el diálogo, sino que también otorga seguridad jurídica a los compromisos alcanzados.

La función de la valoración va mucho más allá de determinar un precio: sirve para establecer una base técnica que reduce la incertidumbre, aclara las diferencias entre las partes y permite que las decisiones se fundamenten en datos verificables y no en percepciones subjetivas.

La mediación y el arbitraje como alternativas al proceso judicial

Tanto la mediación como el arbitraje buscan solucionar disputas de manera más ágil, confidencial y consensuada. En la mediación, un profesional neutral ayuda a las partes a encontrar un acuerdo común, mientras que en el arbitraje un tercero —el árbitro— emite una resolución vinculante. En ambos casos, disponer de información fiable sobre el valor real de los bienes o derechos objeto del conflicto resulta determinante para lograr una solución satisfactoria.

Los ámbitos en los que más habitualmente se recurre a tasaciones son las separaciones de bienes, herencias, disoluciones societarias o discrepancias entre copropietarios. En todos estos escenarios, la valoración objetiva facilita el entendimiento y acorta los tiempos de negociación.

Por qué la valoración aporta equilibrio al proceso

La principal ventaja de una valoración profesional es que introduce un elemento de objetividad en una situación que, por naturaleza, suele estar cargada de intereses y emociones. Cuando las partes conocen el valor real de los activos —ya sean inmuebles, terrenos, obras de arte o bienes empresariales—, el margen de discrepancia se reduce significativamente.

Además, la existencia de un informe técnico independiente refuerza la transparencia del proceso y evita posibles acusaciones de parcialidad. En el ámbito del arbitraje, una tasación emitida por una sociedad homologada puede incluso ser incorporada como prueba o referencia directa en el laudo arbitral, garantizando que la resolución se base en criterios técnicos reconocidos.

Aspectos técnicos y jurídicos a tener en cuenta

La valoración en estos procedimientos debe seguir metodologías homologadas y ajustarse a la finalidad concreta del informe. No es lo mismo valorar un bien con fines hipotecarios que hacerlo en el marco de una mediación. En este contexto, el tasador debe aplicar criterios acordes con el valor de mercado, teniendo en cuenta los plazos, el estado del bien y las condiciones de negociación.

Las sociedades de tasación homologadas cuentan con profesionales especializados en distintos tipos de activos —desde viviendas o fincas rústicas hasta empresas o activos culturales—, lo que garantiza la precisión técnica y la validez jurídica del informe. Esta homologación es especialmente importante cuando los acuerdos de mediación o los laudos arbitrales pueden presentarse ante organismos públicos o integrarse en procesos judiciales posteriores.

Beneficios económicos y sociales de una valoración profesional

La incorporación de una tasación al proceso de mediación o arbitraje no solo facilita la resolución de conflictos, sino que también contribuye a un uso más eficiente de los recursos económicos y judiciales. Las partes ahorran tiempo, costes y desgaste personal, mientras que el sistema legal reduce su carga de trabajo.

Desde el punto de vista económico, una valoración precisa evita compensaciones desproporcionadas o pérdidas patrimoniales innecesarias. Asimismo, fomenta la confianza entre las partes, elemento clave para alcanzar acuerdos duraderos y sostenibles.

La valoración, en definitiva, actúa como un elemento de equilibrio entre las partes, ofreciendo una referencia técnica que favorece la justicia y la transparencia. Su intervención en los procesos de mediación y arbitraje refuerza la credibilidad de las decisiones y contribuye a consolidar estos métodos como alternativas sólidas al litigio judicial.

Contar con una sociedad de tasación homologada asegura que el informe cumpla los requisitos técnicos y legales exigidos, proporcionando una base fiable sobre la que construir acuerdos estables. En un escenario donde la objetividad y la confianza son fundamentales, la valoración profesional se convierte en una herramienta indispensable para transformar el conflicto en consenso y el desacuerdo en solución.